Sí, y mucho. Cuando hay indicios serios de violencia de género o una condena, la ley prohíbe la custodia compartida, suspende por regla general las visitas y puede suspender incluso la patria potestad. Te explico qué significa cada término, cómo funciona la orden de protección y qué ocurre con sus medidas de urgencia cuando se presenta el divorcio.
Cuando alguien se plantea divorciarse en un contexto de maltrato, una de sus primeras dudas es qué pasará con los hijos. Es una pregunta fundamental, y la respuesta es clara: la violencia de género tiene un peso decisivo en las decisiones sobre custodia, visitas y patria potestad. Voy a explicarte cómo funciona, paso a paso y sin tecnicismos.
La violencia de género, que la Ley Orgánica 1/2004 define como la que ejerce un hombre sobre la mujer que es o ha sido su pareja, tiene su propio camino. Cuando hay maltrato físico o psíquico procede la vía penal, es decir, una denuncia ante el juzgado para que se investigue y, si se prueba, se castigue.
Si en la denuncia y en la tramitación penal aparecen indicios serios, es decir, señales razonables de que el maltrato existe aunque aún no haya condena, o hay una sentencia firme condenatoria, que ya no se puede recurrir, eso puede tener consecuencias para la custodia de los hijos, el régimen de visitas y la patria potestad. Veamos qué significa cada una.
Custodia: la compartida queda prohibida
La custodia es la decisión sobre con qué progenitor viven los hijos, y se llama compartida cuando conviven por periodos con ambos. Hoy es la opción habitual en los tribunales, como explico en mi artículo de octubre de 2026 sobre si la custodia compartida libra de pagar la pensión de alimentos, aunque nunca es obligatoria.
Con violencia de género, en cambio, la regla se invierte. La ley prohíbe la custodia compartida de forma taxativa, es decir, sin excepciones, según el artículo 92 del Código Civil: no procede si un progenitor tiene abierto un proceso penal por violencia contra el otro o contra los hijos, o si el juez aprecia indicios fundados de ella.
Régimen de visitas: suspendido salvo excepciones
El régimen de visitas es el tiempo que los hijos pasan con el progenitor con el que no conviven. Con indicios de violencia, lo normal es suspenderlo, según el artículo 94 del Código Civil tras la reforma de 2021. Solo de forma excepcional, y con una resolución del juez motivada en el interés superior del menor, pueden mantenerse o autorizarse.
Esa reforma, que analicé en mi artículo de enero de 2022 sobre cómo afecta la reforma de 2021 a las visitas a menores, adelantó el momento de la protección: ya no hace falta una sentencia firme, basta con indicios fundados o con un proceso penal abierto.
Patria potestad y violencia vicaria
La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre los hijos menores, como decidir sobre su educación o su salud. En los supuestos graves puede suspenderse, y también en los casos de violencia vicaria, que es la que se ejerce sobre los hijos u otros menores cercanos a la mujer con el fin de hacerle daño. La ley la incluye dentro de la violencia de género.
El Punto de Encuentro Familiar
Si se conceden visitas a los menores, se realizan a través de un Punto de Encuentro Familiar, un servicio social, por lo general gratuito, que ofrece un espacio físico, neutral y seguro. Su finalidad es que los encuentros se desarrollen sin conflictos y con garantías para los niños.
La orden de protección y las medidas de urgencia
Al presentar la denuncia por violencia se solicita una orden de protección, una resolución judicial urgente que reúne en un solo trámite medidas penales y civiles, regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo habitual es acordar una orden de alejamiento, que prohíbe al agresor acercarse a la víctima, y medidas civiles de urgencia.
Esas medidas civiles incluyen fijar la vivienda donde residirán los menores con la madre y una pensión de alimentos para ellos. Tienen una vigencia de 30 días, un plazo muy corto que obliga a actuar con rapidez si no se quiere que decaigan.
Si dentro de ese plazo la víctima presenta la demanda de divorcio, las medidas siguen en vigor 30 días más desde la presentación, y el juzgado civil debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. Si las ratifica, quedan como medidas provisionales, que son las que rigen mientras dura el proceso de divorcio, hasta que se dicta sentencia.
Si necesitas ayuda
Cada caso necesita un análisis propio, así que, si estás viviendo una situación de este tipo, consulta con un abogado antes de tomar decisiones. Si te encuentras en peligro, puedes llamar al 016, el teléfono gratuito de atención a las víctimas de violencia de género, o al 112 si el riesgo es inmediato.